Cuando se promulgó el artículo 63.2-1205 en 1995, se incluyó un texto que exigía al tribunal de primera instancia considerar si el hecho de no conceder la petición de adopción sería perjudicial para el menor. En 2006, la Asamblea General eliminó esta redacción de la ley y la sustituyó por el requisito de que el tribunal determine si la denegación del consentimiento es contraria al interés superior del menor.

En el caso recurrido de Copeland contra Todd, el Tribunal de Apelación sostuvo que el tribunal de primera instancia debía «considerar si una relación continuada entre Todd y el niño sería perjudicial para el bienestar del niño». Pero el Tribunal Supremo señaló que los ocho criterios de prueba no se habían modificado, y concluyó que el concepto de perjuicio se incluye en las ocho normasPor lo tanto, no es necesario probar el perjuicio para el menor como requisito adicional a los ocho factores enumerados.

Véase también Grant v. Jones, Registro del Tribunal de Apelaciones número 1888-16-2 (2017) para la misma proposición.